Desde hace más de 20 años trabajamos en Ecuador promoviendo, acompañando y brindando oportunidades a familias de escasos recursos, especialmente de las zonas rurales.

Dentro de la estrategia de trabajo que hemos venido desarrollando, siempre hemos contemplado la mejora del acceso al ahorro y crédito como un componente y herramienta fundamental en los programas de desarrollo socioeconómico que ejecutamos con comunidades rurales. Tener un acceso oportuno a servicios financieros, especialmente en las zonas rurales más desatendidas y marginadas, es una herramienta valiosísima para mejorar la calidad de vida de las personas y reducir su vulnerabilidad. En esta línea, la inclusión financiera va a ser incorporada con metas y objetivos específicos en los próximos Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobarán las Naciones Unidas.

Desde el 2008, la constitución de Ecuador promovió el impulso de la Economía Popular y Solidaria, definida en la ley como “una forma de organización económica en la que los integrantes se unen para producir, intercambiar, comercializar, financiar, y consumir bienes y servicios que les permita satisfacer sus necesidades y generar ingresos…”. Como parte de la misma, las Finanzas Populares y Solidarias (básicamente Cooperativas de Ahorro y Crédito) han adquirido una importante dimensión y a la fecha existen alrededor de 1.000 Cooperativas de Ahorro y Crédito reconocidas por la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, y más de 10.000 Cajas y Bancos Comunales, dando cobertura de servicios financieros a millones de personas en Ecuador.

Estas entidades, algunas de ellas grandes y con presencia regional pero, en su mayoría pequeñas y con carácter local, se encuentran profundamente arraigadas en las economías locales del país, representando los retos e intereses de miles de campesinos y poblaciones rurales en Ecuador.

En este contexto, desde CODESPA apostamos por fortalecer a estas entidades, conocidas como Entidades Financieras de la Economía Popular y Solidaria, por su potencial contribución al desarrollo económico y social de las comunidades rurales del país. Su cobertura nacional, su implantación local, su carácter democrático y participativo, entre otros aspectos, les convertía en aliados clave para promover procesos de desarrollo socioeconómico incluyentes que consideraran los intereses y la voz de las comunidades más vulnerables.

Trabajar con ellos suponía fortalecer sus capacidades de gestión para que pudieran proveer un acceso a crédito y ahorro más adecuado y profesionalizado, superando los riesgos asociados a la dirección de este tipo de entidades.

En la siguiente publicación puedes conocer este proyecto que desarrollamos en Ecuador.